Asamblea Legislativa

Violencia Local

Desde finales de los 90, la tasa de homicidios dolosos en Costa Rica se mantenía relativamente baja, entre 230 y 250 víctimas al año. Pero desde entonces, Costa Rica ha aumentado en tendencia de homicidios. Empezando con una escala de 396 víctimas de homicidio doloso en 2007, a 500 víctimas en 2009, y en el año 2020 a 570 víctimas. Esto es debido a los crecientes vínculos entre el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, y las pandillas locales. Estas han convertido al país en un centro clave para estas actividades ilícitas, así como en factores sistemáticos como la desigualdad y la exclusión social que propician la criminalidad. Recientemente, Costa Rica ha implementado la Política Nacional de Seguridad Costa Rica - Segura Plus 2023-2030 y la Operación Soberanía. Estas tienen el objetivo de abordar el crimen a través de un enfoque multidimensional que incluye la prevención, la investigación y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Hoy en día, varias instituciones se han visto impactadas por el avance de estas redes criminales, incluyendo los cuerpos policiales y judiciales. La corrupción se ha vuelto un desafío constante, debilitando la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. Por lo tanto, los derechos humanos también se han visto comprometidos a través de delitos como la trata de personas, los ajustes de cuentas y el reclutamiento de jóvenes en pandillas. Incluso la vida cotidiana de las comunidades costarricenses ha sido alterada por el miedo y la violencia que generan estos grupos. Es por esta razón que el comité enfocará sus esfuerzos en analizar cómo la violencia organizada afecta directamente a la seguridad y a los derechos humanos en Costa Rica, y se buscará llegar a un acuerdo que permita fortalecer la institucionalidad y devolver la tranquilidad a la población.